Las mujeres eran manos

La violencia sexual se ha convertido en un dispositivo fundamental de activación feminista en los últimos tiempos. El caso de la Manada, la amplitud y replicabilidad del fenómeno #MeeToo o las movilizaciones como respuesta a la violaciones sufridas por las temporeras marroquíes en Huelva son muestra de ello.

Cada vez entendemos mejor la dimensión patriarcal de estas violencias, siendo el acceso al cuerpo de las mujeres una expresión de poder y dominación, pero también un mecanismo de disciplinamiento ante aquellas que se adentran en espacios públicos que otros varones consideran suyos. Pensar a las mujeres como “gordas” a las que follarse, cosificar a actrices o compañeras de trabajo como cuerpos deseables cuyo consumo confiere poder, o en las jornaleras como “moras” pobres y sumisas, y por lo tanto disponibles, supone una base de deshumanización, de objetualización y de instrumentalización de las mujeres que debe de ser enérgicamente contestada. Porque la deshumanización no es una falla en el pensamiento de los machos que violan, sea en oscuros portales, en hoteles de cinco estrellas o en viviendas prefabricadas; la deshumanización es una parte consustancial del capitalismo, por eso se basa en sistemas tan arraigados como el machismo y el racismo. Por eso, el Estado reproduce sus lógicas.

El régimen de inmigración temporal, por el cual las jornaleras marroquíes vienen ocupándose desde 2005 de la recogida de la fresa en Huelva, permite que estas mujeres, para ser contratadas, deban dejar su humanidad en la frontera, desligadas de su red y de su entorno, atada su supervivencia a quienes las contratan, pasan a tener valor solo por su instrumentalidad, su capacidad de producir. En los años en los que empezaron a aplicarse estas políticas entre España y Marruecos, en plena paranoia inmigratoria, los llamamientos a la regulación de los flujos migratorios era una constante en los discursos.

Para ordenar la entrada al país de extranjeros, los contratos en origen se vendían como lo más apropiado y racional. En el caso onubense, antes del convenio, varones marroquíes y subsaharianos se ocuparon de la recogida de la fresa, considerados demasiado rebeldes y problemáticos, fueron sustituidos primero por europeas del Este, que al devenir comunitarias, fueron relevadas por contingentes de mujeres marroquíes. Los empresarios necesitaban mano de obra que se ajustase a sus necesidades y el Gobierno se la concedió. El servicio de empleo marroquí empezó a buscar mujeres del ámbito rural, con hijos menores, sin trayectoria sindical, pobres y analfabetas. En definitiva con un poder de negociación nulo: los resultados fueron buenos, la industria de la fresa prosperaba y la gran mayoría de las mujeres volvía a Marruecos tras concluir sus contratos. Respecto a los derechos de las mujeres, esto no debía computar en los resultados, siendo justamente la renuncia a los mismos una parte fundamental de la ecuación.

Las mujeres eran manos. Manos delicadas más idóneas para las tareas de recolección de la fresa, se argumentaba para requerirarlas a ellas en los campos. Por lo que contaron a la prensa esas mujeres, no solo sus manos fueron tomadas para su instrumentalización, también sus vaginas y sus bocas debían ser puestas al servicio de sus empleadores. Era eso o la nada. Para ellas, seres humanos parciales por convenio, difícilmente habrá sentencias injustas, pues ya se han asegurado de que no haya juicios. Nuestro desconocimiento de sus condiciones de trabajo está relacionado con nuestro profundo desconocimiento y desinterés por Marruecos, y nuestro también importante desconocimiento de lo que sucede en las realidades agrícolas del Estado español.

“Como trabajadoras del campo, que vivimos la violencia patronal en los campos franceses, navarros o manchegos, que hemos sufrido el desamparo de tener que abandonar nuestro pueblo en busca de trabajo, hacemos nuestra la situación de las temporeras de la fresa, y no podemos consentir que en pleno siglo XXI sigamos viendo como la esclavitud laboral se apodera de nuestros campos”,  afirmaban desde el SAT, el único sindicato que ha acompañado a estas mujeres que todo lo han arriesgado —y que bastante han perdido— por denunciar. Alianza desde las periferias que se niegan a ser deshumanizadas, agencia de quienes se esperaba que fueran obedientes y sumisas. El capitalismo patriarcal y racista se agrieta. Pero los costes son altos, sobre todo para las mujeres que denunciaron, pero también para las sindicalistas del SAT que las acompañaron. Siento que va siendo necesario pensar en cómo redistribuir los costos de la resistencia.

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